Amparo colectivo ambiental rechazado por la Corte de Justicia de Salta: vías procesales, representatividad adecuada y flexibilización del proceso para la tutela del medio ambiente (*SAL)

En fecha 26 de Febrero de 2015 la Corte de Justicia de Salta (CJS) dictó sentencia en autos “Zaindember, Hugo Ricardo; De San Román, Fernando Santiago; Rivadeo, Graciela y otros Vs. Nitratos Austin S.A. s/ Amparo – Recurso de Apelación” (Expte. Nº CJS 36.889/13), confirmando por mayoría el rechazo de un amparo colectivo promovido por diversas personas que invocaron estar afectadas en su derecho a la salud y a un medio ambiente sano por la instalación de una planta química en su zona de residencia.  La pretensión de fondo buscaba “enervar la operatividad del Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Resolución nº 34/12 de la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento de la Provincia”.  La sentencia apelada había rechazado la acción por entender que debió accionarse contra la autoridad pública que había emitido tal certificado, así como también por entender que la vía del amparo no era idónea para canalizar el debate sobre tal cuestión.

Para resolver del modo en que lo hizo, la mayoría de la CJS consideró que el recurso articulado por los actores era insuficiente (considerando 5°). No obstante, entendió “conveniente un avance sobre los aspectos propuestos teniendo en cuenta que los apelantes han invocado la vulneración de derechos de raigambre constitucional, de los que este Tribunal es custodio último” (considerando 6°), y sostuvo también que la vía del amparo no era adecuada para litigar el conflicto que se había llevado a discusión puesto que“no se acreditaron los presupuestos de admisibilidad del amparo, inferencia que los razonamientos de los apelantes no consiguieron revertir toda vez que ni el aspecto colectivo ni el objeto ambiental de la acción tienen virtualidad jurídica para alterar la esencia del amparo como proceso de tutela judicial urgente en cuyo ámbito debe necesariamente acreditarse los requisitos constitucionales que la tornan proponible y tramitarse con resguardo de los correlativos derechos a ser oído y de ofrecer y producir prueba a quien se le impute una acción u omisión vulneratoria de derechos constitucionales” (considerando 11°).

En la disidencia de los Dres. Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman de Martinelli podemos encontrar una postura muy interesante en materia de acceso a la justicia, así como también el tratamiento de importantes cuestiones para subrayar.  Luego de reseñar las posiciones de las partes y el camino seguido por el expediente hasta llegar al máximo tribunal local, en el considerando 3° la disidencia invoca diversos precedentes de la CSJN en materia de tutela colectiva del medio ambiente y afirma que “Sin dudas tales consideraciones resultan aplicables a los poderes judiciales provinciales, toda vez que dicha doctrina -como lo expresa la Corte Suprema-, encuentra sustento normativo en lo dispuesto por el art. 32 de la Ley 25675”.

Partiendo de esa premisa, el voto avanza con relevantes desarrollos en cuanto al necesario “papel activo de la magistratura” en el campo de la tutela ambiental (considerando 4°), y destaca la importancia de la publicidad, el control de la idoneidad del representante colectivo y la participación ciudadana en este tipo de procesos.  Sobre estas últimas cuestiones, luego de invocar la doctrina que la CSJN sentara en “Halabi” y otros fallos que aplicaron la misma, se sostiene que “En línea con lo dictaminado por el Sr. Fiscal ante la Corte, debe señalarse que conforme dichos precedentes -entre otros deberes procesales-, corresponde que los jueces ante quienes se ventilen litigios de esta naturaleza controlen durante todo el trámite la verificación de un recaudo elemental que hace a la viabilidad de este tipo de procesos, esto es, la idoneidad de quien pretendió asumir representación del interés colectivo. Asimismo, resulta necesario que tomen medidas idóneas de publicidad acerca de su existencia, a fin de permitir la participación en el debate de otros legitimados activos extraordinarios -dentro de un adecuado margen de razonabilidad-, así como de posibilitar a todos los interesados que controlen la adecuación del pretenso representante y su actuación, así como contribuir con pruebas e información, garantizándose de esta manera su derecho de defensa” (considerando 5°).

Sobre el piso de marcha establecido en los considerandos 4° y 5°, la disidencia procedió a analizar la aptitud de la vía procesal elegida por los actores para llevar adelante la discusión (recordemos: un proceso de amparo) y las consecuencias derivadas del hecho de no haber sido citada al proceso la Provincia de Salta.

Respecto de la vía del amparo los magistrados sostuvieron que no podía rechazarse “simplemente acudiendo a los clásicos cánones de procedencia de la misma”.  Para fundar esta posición, en los considerandos 6° y 7° de su voto señalaron la necesidad de “poner el acento en el carácter instrumental de las vías procesales y, en que esta tónica no es ajena la acción de amparo” .  Asimismo, resaltaron que “los procesos en los que se discuten derechos de incidencia colectiva, por su complejidad, desbordan todas las estructuras procesales previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, del mismo modo que sucede con la concepción tradicional y ortodoxa de la acción de amparo, con la diferencia que en ésta, de la manera que se encuentra prevista en la Constitución Provincial, y atento a las amplias facultades ordenatorias e instructorias que su art. 87 pone en cabeza del juez, la maleabilidad de las formas procesales -en estricta relación con el concreto tema que en cada caso se ventile-, es una constante; es la regla”  (considerando 6°).  Hay que tener presente que el último párrafo del art. 87 de la Constitución salteña declara “nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisitos de esta acción”  (ver acá).  Por último, se destaca que esta parcela del voto en disidencia se fundó en distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CSJN en materia de debido proceso legal y acceso a la justicia (considerando 7°).

En cuanto a la falta de intervención de la Provincia de Salta en el proceso, este voto coincidió con la mayoría en cuanto a la necesidad de contar con dicho sujeto procesal en el marco del debate sobre una pretensión de nulidad de un acto administrativo dictado por tal Estado local. Sin embargo, consideró que “la consecuencia de tal ausencia de intervención, atribuible específicamente a una deficiente actividad del órgano jurisdiccional, no debe ser el rechazo de la demanda sino la retrogradación del proceso a fin que se integre debidamente la litis. Y, una vez cumplido tal requisito se dicte sentencia sobre el planteo de fondo, luego del trámite que corresponda imprimir de acuerdo a las postulaciones del Estado Provincial” (considerando 8°).

Por último, la disidencia se expidió sobre el requisito de la representatividad adecuada (y las consecuencias de su ausencia) señalando que  “el mismo debe ser analizado también de conformidad a la actuación procesal concreta de quien se presenta esgrimiendo la calidad de afectado, toda vez que una débil o errónea defensa del interés que comparte con múltiples terceros que no intervienen directamente en el proceso, pueden significar un menoscabo a los derechos de éstos, sin que pueda en definitiva recurrirse al principio procesal dispositivo.  Por ello, se justifica que no se haga caer en cabeza de los actores e indirectamente en todos los interesados que no participan en autos y que estarían legitimados para ello, las consecuencias de la omisión de impugnación oportuna a la falta de citación de la Provincia” (considerando 9°).  En la interesante lectura del caso que realizaron estos magistrados, tal circunstancia “en definitiva afectó la calidad del debate producido en autos, por lo que se estima necesario requerir al Tribunal “a quo” que en el trámite del proceso otorgue una mayor intervención al representante del Ministerio Público Fiscal que actúa en autos, atento a la legitimación procesal que le corresponde en la materia ambiental y, a fin que controle la representatividad adecuada de los actores durante todo el proceso”.

El fallo completo está disponible acá: 2015 02 26 Corte Salta_ZAINDEMBERG, HUGO RICARDO (amparo ambiental, legit pasiva, rep adec, flex formas).

 

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