Control Judicial de Políticas Públicas en un Proyecto de Ley Brasileño (*BRA)

El pasado jueves 4 de Julio de 2013 fue publicado un trabajo que escribimos con el Dr. Berizonce, donde abordamos una reciente y muy interesante iniciativa brasileña que propicia instituir un proceso especial para tramitar los casos que involucran el control de las políticas públicas por parte del Poder Judicial.   El análisis se hace en correlato con el Código Modelo de Procesos Administrativos -judicial y extrajudicial- para Iberoamérica (elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal), el cual regula igualmente ciertos aspectos vinculados con las decisiones judiciales que tienen incidencia en políticas públicas.

La breve exposición de motivos que acompaña el proyecto inicia con una afirmación que bien podría ser realizada con respecto a la situación actual en Argentina: “El control judicial de políticas públicas es una realidad presente en el día a día de los tribunales brasileños”. Si bien la doctrina y la jurisprudencia del vecino país han aportado ciertas soluciones para enfrentar la problemática, lo cierto –sostiene la misma exposición de motivos- es que “continúan existiendo dudas y frecuentemente el juez enfrenta dificultades concretas para decidir asuntos tan relevantes”.

¿De dónde provienen tales dificultades? La respuesta que dan a este interrogante los profesores Pellegrini Grinover y Watanabe (autores del proyecto) también podría trasladarse sin mayor esfuerzo a la realidad argentina. A juicio de ambos, el origen de tales dificultades se encuentra, entre otras cosas, en “la falta de información adecuada, falta de asesoramiento, falta de contactos con la propia administración encargada de implementar la política pública en cuestión, con los demás jueces, con los tribunales superiores, problemas de orden presupuestario, dificultades surgidas de la multiplicidad de acciones individuales que inevitablemente inciden sobre ciertas políticas públicas”.

Partiendo de esas premisas, el proyecto propone crear un nuevo proceso “de conocimiento y contradicción ampliada” con el objetivo de fijar parámetros seguros que sirvan tanto al juez como a las partes para atender adecuadamente esta clase de asuntos.

El trabajo completo puede consultarse acá.

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