Legitimación de Asociaciones del Consumidor para Tutelar DIH: Más de la Mala Doctrina (*NAC)

En fecha 15 de Mayo de 2012 la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial dictó sentencia en autos “Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Ordinario” y rechazó la legitimación de la Asociación actora con fundamentos reñidos abiertamente con la doctrina “Halabi” y con algunos principios elementales en materia de tutela colectiva de derechos.

La pretensión actora llevaba por objeto obtener “el cese y a la restitución -con más sus intereses- de los importes resultantes del cargo denominado gasto de otorgamiento variable en la operatoria de préstamos personales de la línea plan sueldo”.  Con sentencia favorable para el grupo de consumidores afectados, el expediente llegó a la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial por vía de apelación.  El tribunal rechazó la legitimación colectiva de la actora con fundamento en una una teoría que resulta manifiestamente contraria a lo sostenido por la CSJN en “Halabi”.  Veamos cual es el hilo argumental de la decisión:

En primer lugar el tribunal recuerda el contenido del art. 43 CN y afirma -con cita de Bidart Campos- que “De ese modo, la reforma constitucional otorgó protección a los intereses denominados difusos o colectivos, a los que denomina derechos de incidencia colectiva'”.

Ya encontramos aquí el problema esencial que luego incidirá sobre el resto del razonamiento: no considerar a los derechos individuales homogéneos (DIH) como parte integrante de la noción de “derechos de incidencia colectiva”.  Ello a pesar de  la claridad con que la CSJN se refirió a esta cuestión en “Halabi”

Continúa la Cámara: “El interés difuso, llamado también fragmentario, colectivo o supraindividual, es aquel que no pertenece a una persona determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponde a un sector de personas que se encuentran en un ambiente o situación común. Se trata de un bien que pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del interés respecto de uno de ellos importa la de todos”.

Podemos ver cómo el razonamiento rápidamente se desentiende de la noción de “derechos de incidencia colectiva” para volcarse exclusivamente sobre uno de los tipos que pueden identificarse dentro de tal noción (los derechos “difusos”).  La CSJN fue muy clara en “Halabi” al distiguir dentro de la noción de “derechos de incidencia colectiva” ambos tipos: difusos (derechos que se refieren a bienes colectivos) e individuales homogéneos (derechos que se refieren a bienes individuales pero son igualmente susceptibles de juzgamiento concentrado).  Nada de esta doctrina es contemplado en la decisión.

Como si esto fuera poco, la Cámara nuevamente contradice la doctrina “Halabi”, el propio texto del art. 43 CN y elementales principios del proceso colectivo cuando señala, inmediatamente a continuación, que “La titularidad de la relación jurídica sustancial recae en estos casos, sobre los aforados colectivos (vgr. asociaciones de consumidores, de usuarios, etc.)”.  Esto es abiertamente equivocado.

Primero, los “aforados colectivos” son actores sociales habilitados para defender en justicia derechos de incidencia colectiva.  No son titulares de esa “relación jurídica sustancial”, están legitimados por el sólo hecho de que hay una norma de derecho positivo que así lo dispone.  Segundo, en línea con lo dicho hace un momento, los “aforados colectivos” no son sólo las asociaciones como parece sugerir el fallo a pesar del “etc.” (y como sugiere, a mi juicio también equivocadamente, alguna doctrina), sino también los individuos particulares, el defensor del pueblo, las autoridades de aplicación de la LDC y toda otra persona física o jurídica u organismo del Estado a la cual una norma de derecho positivo habilite, en la jurisdicción de que se trate, a promover procesos colectivos.

Sigamos con el razonamiento de la Cámara.  Luego de estas dos afirmaciones el tribunal continúa señalando que “la circunstancia de que se afecte el derecho al usuario o consumidor no determina per se que se trate de un derecho de incidencia colectiva. Para establecer con precisión los alcances de la legitimación procesal para accionar, resulta dirimente el análisis de la cuestión en cada caso en particular y establecer a qué categoría pertenece el derecho presuntamente conculcado (derecho subjetivo o de incidencia colectiva).  La delimitación entre los mismos no resulta una tarea fácil desde que puede darse la hipótesis que la afectación de derechos subjetivos se vea proyectada a un grupo determinado de personas, y ello no necesariamente conlleva a un derecho de incidencia colectiva, sino mas bien a una sumatoria de derechos subjetivos donde debe el judicante ser extremadamente cauto puesto que no podría sustituir la voluntad del interesado a quien le corresponde de forma exclusiva el ejercicio y tutela de sus derechos”.

Este tramo de la decisión contiene una falacia bastante difundida entre los detractores de los mecanismos colectivos de resolución de conflictos.  Me refiero al argumento de que por medio de los mismos se afecta la autonomía individual de los miembros del grupo al accionar en su nombre “sustituyendo su voluntad”.  Digo que este argumento es una falacia ya que en casos como el presente (recordemos: se discute un cargo de muy escaso valor) nadie promoverá una acción individual porque el mejor resultado que puede obtener no alcanzará siquiera a cubrir los gastos del proceso.  Entonces, podemos ver cómo se busca cerrar el paso a la acción colectiva con un argumento que a primera vista puede parecer sólido pero que, puesto en contexto, resulta, como dije, una falacia.

De lo expuesto hasta aquí, la sentencia desprende la siguiente conclusión: “Consecuentemente, desde que la presente acción encuentra sustento en el análisis de ciertos contratos con particulares -involucrando diferentes montos y operaciones- con la consecuente pretensión de devolución de cargos cobrados en tales diferentes operaciones, los derechos involucrados resultan ser personales, individuales y diferenciados respecto de los cuales cada uno de los titulares de la relación jurídica puede disponer libremente.  De tal forma, se colige que la acción de fondo tendrá por finalidad la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada presunto afectado; ergo la legitimación en el sub examine corresponde -individualmente- a cada uno de los supuestos perjudicados”.

Como adelanté, esto es abiertamente equivocado a la luz de la doctrina “Halabi”.  Pero lo más curioso de todo es que la propia Cámara cita en sostén de su decisión doctrina de la CSJN; doctrina que es anterior al dictado de dicho precedente y que involucraba un caso bien diferente al que tramita en estos autos.  Me refiero al caso “Defensor del Pueblo de la Nación -inc. Dto. 1316/05 c/ Poder Ejecutivo Nacional – Dtos. 1570/01 y 1606/01 s/ amparo Ley 16986”, sentencia del 26/6/07, donde se jugaba ni más ni menos que la constitucionalidad de gran parte del esquema normativo de emergencia económica, y donde -además- las pretensiones individuales de los miembros del grupo que el Defensor del Pueblo buscaba proteger eran, por regla, individualmente recuperables.  Esto es, pretensiones que ameritaban el planteo de acciones individuales porque el resultado a obtener generaba suficiente incentivo; esto es, pretensiones respecto de las cuales sí cabría discutir el argumento de la limitación a la autonomía individual al que hacíamos referencia hace un momento.

En resumen: la Cámara cita un fallo que no es doctrina vigente sobre el tema (a pesar de la “reserva” que efectuó Higton de Nolasco en el considerando 28° de “Hababi”) y que, a todo evento, no resultaría aplicable al caso de autos porque los hechos que le dieron sustento difieren en gran medida de los ventilados aquí.

En base a estos argumentos, la Cámara hizo lugar a la apelación de la demandada y revocó la decisión por considerar que ADDUC no estaba legitimada para promover el proceso.

5 comentarios en “Legitimación de Asociaciones del Consumidor para Tutelar DIH: Más de la Mala Doctrina (*NAC)

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s