(In)Competencia Originaria de la CSJN y Medidas Cautelares en el Caso “Salas” (*FED)

En fecha 13 de Diciembre de 2011 la CSJN se pronunció en la causa “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y otro s. Amparo”, iniciada oportunamente para detener los desmontes y la tala indiscriminada de bosques nativos en cuatro departamentos situados en dicho Estado local.  La pretensión involucra un pedido de inconstitucionalidad de las autorizaciones otorgadas al efecto, así como también un pedido de restablecimiento del ambiente dañado (o, eventualmente, una indemnización sustitutiva).  En esta oportunidad, el máximo tribunal de justicia se declaró incompetente de oficio para seguir entendiendo en la causa.

La Procuradora General descartó en su dictamen que el caso configurara un supuesto de competencia originaria por razón de las personas, ya que la acumulación subjetiva de la Provincia de Salta y el Estado Nacional es inadmisible toda vez que “ninguno de ellos es aforado en forma autónoma a esta instancia, ni existen motivos suficientes para concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario”.  Igualmente, descartó que la presencia de la Provincia de Salta como parte pudiera justificar la competencia originaria.  Al respecto sostuvo que “resulta necesario examinar la materia sobre la que versa el pleito, la cual debe revestir naturaleza exclusivamente federal”, supuesto no verificado en autos (donde se discute sobre el ejercicio del poder de policía ambiental).

La Corte, a su turno, señaló que la gravedad de los hechos denunciados por los actores y “la clara afectación al medio ambiente que producía aquellas actividades realizadas de manera indiscriminada” exigieron en su momento la adopción de medidas conducentes para superar ese estado de cosas.  Igualmente, exigieron “el diferimiento de la decisión atinente a su competencia para entender en el caso por vía de la instancia originaria”.   Partiendo de estas premisas, el tribunal apuntó que la Provincia demandada “ha desarrollado políticas públicas ambientales tendientes a instaurar un régimen tuitivo” en lo que hace a la protección de los bosques nativos existentes en su territorio.  El contenido de diversas normas dictadas desde el inicio de la demanda evidencia, a juicio de la Corte, “la voluntad política del Gobierno Provincial de superar el conflicto” y demuestra “un avance significativo en la legislación provincial” sobre la temática.

Este nuevo estado de situación llevó a la CSJN a sostener que no subsisten las circunstancias que dieron lugar a la medida cautelar oportunamente trabada en autos, por lo cual ordenó su levantamiento.  Al mismo tiempo, determinó que los titulares de permisos que estaban alcanzados por dicha medida deberán adecuarse al nuevo marco normativo de acuerdo con la categoría de conservación que corresponde a cada zona.

Así, la sentencia afirma que “en las condiciones indicadas, esta Corte considera que se han alcanzado los propósitos perseguidos con la intervención asumida en el pleito y, consecuentemente, el Tribunal debe desprenderse del conocimiento de la causa, en la medida que no corresponde a la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional”.  Por si pudiera quedar alguna duda, la decisión también aclara que el estado procesal de las actuaciones no obstaba al pronunciamiento de incompetencia debido al carácter “exclusivo e insusceptible de extenderse, por persona o poder alguno” que ella reviste.

Finalmente, se ordenó la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia local para que le asigne un juez competente a efectos de continuar con la tramitación.

Este pronunciamiento deja planteados algunos interrogantes.  Me interesa destacar al menos uno de ellos: si la Corte no era competente para entender en el caso, ¿cómo se justifica el levantamiento de la medida cautelar en esta instancia?  Tengamos presente que el at. 196 del CPCCN sólo es mencionado por la Procuradora al finalizar su dictamen.  Y, más allá de eso, también tengamos presente que dicho artículo habilita que un juez incompetente pueda dictar una medida del género, pero en modo alguno lo habilita a dejarla sin efecto (mucho menos, entiendo, en la propia sentencia en la cual declara tal incompetencia).

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