El 31 de mayo de 2024 el Juzgado Federal de Caleta Olivia dictó resolución cautelar en «Castillo, Ramiro Esteban y otros c/ Secretaría de Energía y otro s/ Amparo colectivo» (Expte. N° FCR 3563/2024), ordenando «la suspensión desde el 2 de abril de 2024 y por el plazo de 6 meses, de los efectos de las Resoluciones n° 41/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación y 122/2024 y 224/2024 del Enargas (art. 232 CPCCN)».
La demanda fue promovida por grupo de afectadas y beneficia a las usuarias residenciales «con domicilio en las localidades ubicadas en los Departamentos Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico de la Provincia de Santa Cruz».
Para resolver de este modo, el Juzgado consideró que «las nuevas tarifas de gas resultan, prima facie, violatorias de los principios de razonabilidad, previsibilidad y gradualidad en materia tarifaria«, porque «de la lectura del escrito inicial y las facturas de servicios acompañadas por los amparistas, se advierte que han existido incrementos superiores al 450% para el mes de junio, estimándose para el mes de julio un aumento promedio del 802%».
Sobre el peligro en la demora, la jueza afirmó que «las condiciones climáticas y la época del año en la que se ingresa, sumado a la consiguiente necesidad de un mayor consumo de metros cúbicos del elemento, son situaciones de público y notorio conocimiento que me relevan de mayor necesidad probatoria. A partir de ello y analizando esa particularidad con el excesivo incremento al que aludí en párrafos anteriores, concluyo en la existencia de una alta probabilidad de configurarse situaciones impotencia patrimonial de los usuarios para afrontar el costo del servicio esencial que les permita mantener un nivel de vida mínimo y básico«.
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