El 31 de julio de 2023 fue promovida una demanda colectiva contra el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objeto de subsanar su omisión de «diseñar, aprobar y ejecutar un ‘Programa de incorporación de innovación tecnológica en el ámbito del Poder Judicial de la Nación’ a efectos de optimizar la eficiencia del servicio de justicia argentina y el art. 7 incisos 1 y 2 de la ley 24.937 y sus modificatorias».
El caso tramita ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, expediente «Gil Domínguez, Andrés c/ Consejo de la Magistratura de la Nación Expte. 4/23 s/ Amparo Ley 16.986» (CAF 30382/2023), y encuentra principal fundamento en que la señalada omisión conculca «con objetiva arbitrariedad el derecho colectivo al desarrollo científico y tecnológico (art. 75 inciso 19 de la Constitución argentina, art. 15.c. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. XIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y art. 14.h. del Protocolo de San Salvador».
El grupo representado por el actor fue definido como integrado «por los abogados y las abogadas que litigan en la esfera Poder Judicial de la Nación (justicia federal y justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por los justiciables que acudieron en procura de justicia al Poder Judicial de la Nación y por los justiciables que eventualmente acudan al órgano jurisdiccional en ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (en ambos casos especialmente los que provienen de grupos vulnerables o estructuralmente desaventajados). Asimismo, la incorporación de tecnología a efectos de optimizar la eficacia del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación impactará directamente sobre la tarea de los jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas que desarrollan sus tareas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación».
En cuanto al bien colectivo cuya tutela se persigue, «está configurado por los emergentes del desarrollo científico y tecnológico que aplicados al funcionamiento del Poder Judicial tienen por objeto alcanzar la mayor eficacia y transparencia posible respecto de la administración de justicia, como así también, la pretensión está focalizada en los efectos colectivos que producirá en términos de beneficios sociales la incorporación de tecnología -de uso cotidiano a nivel nacional e internacional- en el ámbito del Poder Judicial».
Actualmente la causa se encuentra a la espera de la respuesta del Registro Público de Procesos Colectivos sobre la existencia de otra causa de sustancial semejanza en la afectación de derechos de incidencia colectiva.
El escrito de demanda puede descargarse desde acá.
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