Principios preventivo y precautorio en la tutela colectiva de la salud frente al COVID-19: promovieron diversas acciones populares contra la campaña del gobierno federal “Brasil no puede parar” y lograron detenerla en menos de 2 días (*BRA)

El gobierno federal de Brasil contrató una agencia de publicidad para hacer campaña contra el aislamiento social.  La campaña ya lanzada se llama “O Brasil não pode parar” (Brasil no puede parar). Su contratación se realizó por 4,9 millones de reales, sin licitación pública y con el objetivo de “diseminar información de interés público para la sociedad, por medio del desarrollo de acciones de comunicación”.   Frente a ello, fueron promovidas numerosas acciones populares ante distintos tribunales de todo el país.

Una de ellas fue iniciada por un concejal y abogado de San Pablo, Paulo Caio Miranda Carneiro, promovió una acción popular ante el Poder Judicial  Federal de Brasilia contra el presidente de Brasil, su Secretario de Comunicación Social y la Unión, con el objeto que, como medida provisoria de urgencia y como pretensión de fondo, se impida continuar con la campaña y se obligue a los demandados a no circular en televisión y redes sociales oficiales el video que ya fue publicado en el marco de la misma (disponible, por ahora, acá).

El caso fue promovido invocando la condición de ciudadano y “sustituto procesal del pueblo, legitimación otorgada por el inciso LXXIII del art. 5 de la Carta Republicana de 1998, además del art. 1 de la Ley de Acción Popular”.

El art. 5 de la Constitución Federal Brasileña reconoce la acción popular en los siguientes términos:

“Cualquier ciudadano está legitimado para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las costas judiciales y demás cargas en el supuesto de perder”.

En lo sustancial, la demanda (disponible acá) sostiene que la campaña “estimula que las personas salgan a las calles y vuelvan al trabajo, contrariando las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y todas las políticas públicas desarrolladas por Estados, Municipios  y por el propio Ministerio de Salud”.

Asimismo, contiene diversos datos con proyecciones del desarrollo del virus, las consecuencias ventajosas que tuvo el aislamiento social en San Pablo y diversas declaraciones públicas del Presidente sobre el tema (entre ellas, la realizada el 24 de marzo en la cual denominó al virus como una “gripecita” o “resfriadito”), además de las impresiones de pantalla que muestran diversas frases del video en cuestión.

También trae a conocimiento del juez lo que ocurrió en Milán, Italia, hace un mes, cuando el avance del COVID-19 estaba en un estado similar al que se vive hoy en Brasil.  El prefecto de Milán lanzó una campaña semejante (“Milán no para”) e incentivó a los habitantes de la ciudad a retomar sus actividades.  Un mes después, Milán tenía 4.400 muertos y el propio Prefecto admitió que dicha campaña fue un error: “Nadie había entendido todavía la virulencia del virus”, dijo al respecto.

Esto ocurre en un contexto en el cual, en virtud del Decreto Legislativo N° 6 del 20/03/2020 (dictado a pedido del Presidente), ha sido ya declarado en Brasil el “estado de calamidad pública”.  Este estado es definido como una “situación anormal, provocada por desastre, causando daños y perjuicios que impliquen un compromiso sustancial de la capacidad de respuesta del poder público del ente federal afectado”.

En Río de Janeiro, mientras tanto, fue promovida otra acción popular en la noche del viernes 27 de marzo. En esta oportunidad, el actor fue el Ministerio Público Federal.

En esta causa, en la mañana del 28 de marzo de 2020 una jueza prohibió al gobierno federal circular las piezas publicitarias producidas para la campaña.  Asimismo, ordenó que la Unión no lleve adelante ninguna otra campaña “que sugiera comportamientos que no estén estrictamente basados en directrices técnicas, emitidas por el Ministerio de Salud, con fundamento en documentos públicos de entidades científicas de notorio reconocimiento”.

Según esta decisión, la campaña del gobierno federal pone en riesgo el derecho a la salud, especialmente de los más vulnerables:

“Se verifica que el incentivo para que la población salga a las calles y retome su rutina, sin que haya un plan de combate de la pandemia definido y ampliamente divulgado, puede violar los principios de precaución y prevención, pudiendo también resultar en una deficiente protección del derecho constitucional a la salud, tanto en su perfil individual como colectivo.  Y esta protección deficiente impactaría desproporcionadamente en los grupos vulnerables, en especial enfermos y pobres” (noticias sobre esta última sentencia, de donde tomamos los textuales, acá y acá).

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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