En fecha 2 de febrero de 2017 el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal promovió un amparo colectivo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad del DNU N° 54/17 que modificó la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. El caso fue promovido en representación de «todos los abogados que ejercen en el ámbito territorial de la Capital Federal» (apartado V.a. del escrito de demanda).
Conforme se desprende del apartado II.- OBJETO, El Colegio pretende «hacer cesar el perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses de los matriculados que esta Institución tiene la obligación de representar, conforme el mandato legal impuesto por la Ley 23.187, por lo cual se solicita a la jurisdicción, la declaración de nulidad por inconstitucionalidad del DNU 54/2017 por las razones que expondré a continuación.
(…) El decreto mencionado es a todas luces inconstitucional ya que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado, mucho menos en una materia ya regulada por un proyecto, de ley que contaba con media sanción por parte del Congreso Nacional a través del Senado. Es decir, no existía la necesidad y no existía la urgencia para proceder a su dictado.
La normativa atacada comporta, además, una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 1,5,14,14 bis, 16, 17, 18,28,31,33,75 inciso 22,99 inciso 3° y 109 de la Constitución Nacional (CN)y el Pacto de San José de Costa Rica, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional de los intereses de esta parte.
En efecto, la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017 genera una lesión de imposible reparación posterior, tanto sobre el derecho de propiedad y trabajo de los abogados, limitando su derecho a laborar, restringiendo sus honorarios y la facultad de pactarlos libremente; como el derecho de todos los trabajadores en su conjunto, incluidos los abogados trabajadores en relación de dependencia, de acceder a la justicia y al juez natural, cuando pudieran verse afectados por una enfermedad o incapacidad laboral.
Por lo tanto, en el carácter invocado, requiero de V.S. la inmediata y expedita tutela de los intereses afectados de los abogados profesionales del Derecho, sin perjuicio de la nulidad e invalidez propia del DNU en cuanto a su dictado como más adelante expondré, solicitando para ello, la declaración de inconstitucionalidad del DNU 54/2017, el cual implica una flagrante violación del orden jurídico constitucional, procurándose con esta acción la protección jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Poder Ejecutivo Nacional. Como medida cautelar, solicito a V.S. ordene la suspensión de la aplicación de la normativa impugnada hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo por la que se solicita la inconstitucionalidad del decreto atacado».
Escrito de demanda disponible acá.
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