Por Juan Manuel Lavado Vargas
En los Tribunales Federales de Mendoza, ante el Juzgado N° 2, la Asociación Civil para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos XUMEK, con el patrocinio letrado de los Dres. Leandro Rodríguez Pons y Juan Manuel Lavado Vargas, interpuso una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, impugnando la validez constitucional y convencional del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo suspendió la ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La pretensión se orienta en que declare la nulidad absoluta del decreto, se ordene la aplicación inmediata de la ley y se adopten medidas expansivas que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones básicas de las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza. Asimismo, se requirió el dictado de una medida cautelar innovativa, para suspender los efectos del artículo 2 del decreto y garantizar de manera urgente la plena vigencia de la norma sancionada por el Congreso.
La pretensión se funda en que el decreto cuestionado constituye un “veto encubierto”, en abierta contradicción con el artículo 83 de la Constitución Nacional, ya que el Congreso rechazó el veto presidencial previo y con ello quedó configurada la promulgación obligatoria de la ley. La suspensión dispuesta por el Ejecutivo, además de vulnerar el principio de división de poderes, afecta de manera directa el derecho a la salud y la protección especial que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a las personas con discapacidad.
El planteo reviste carácter colectivo, en los términos del artículo 43 de la Constitución y la Acordada 12/2016 de la CSJN, por cuanto se dirige a tutelar intereses individuales homogéneos frente a un hecho normativo común: la suspensión de la Ley 27.793. En este punto, resulta central remarcar que la acción promovida se inscribe en el marco de las acciones colectivas de incidencia en derechos individuales homogéneos. El colectivo representado se integra por las personas con Certificado Único de Discapacidad vigente en Mendoza, sus familias y cuidadores, todos afectados en forma homogénea por la medida estatal.
La acción destaca la necesidad de una tutela judicial efectiva que garantice la no regresividad de derechos sociales, recordando que la Corte Suprema ha señalado que las personas con discapacidad constituyen un grupo en situación de especial vulnerabilidad, para quienes la representación colectiva no solo es viable sino indispensable.
De este modo, el amparo colectivo promovido en Mendoza no solo busca restablecer la plena vigencia de una ley sancionada y promulgada obligatoriamente que busca corregir el atraso de las prestaciones en materia de discapacidad, sino también reafirmar que los derechos fundamentales de las personas con discapacidad no pueden quedar subordinados a criterios de oportunidad política ni a argumentos presupuestarios genéricos.
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