En el marco del Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales, celebrado en villa la Angostura, el 21 de septiembre de 2024 se formó la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA) y se emitió también la primera «Declaración de la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA)».
El documento suscripto por numerosos fiscales de todo el país formalizó la creación de una red interprovincial de fiscalías especializadas en materia ambiental, lo cual tiene implicancias directas en la forma en que se abordarán los litigios colectivos ambientales en nuestro país.
La Red reúne a los Ministerios Públicos Fiscales de diversas provincias, incluyendo Neuquén, Salta, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Chaco, Córdoba y Entre Ríos, entre otras. Se trata de una iniciativa que sienta las bases para un enfoque coordinado y potencialmente más efectivo en la litigación de casos ambientales colectivos.
La creación de esta red responde a la creciente complejidad de los conflictos ambientales, que a menudo trascienden las fronteras provinciales y requieren una respuesta legal coordinada. En el contexto de la tutela judicial colectiva, esta red podría facilitar la identificación y enjuiciamiento de daños ambientales de carácter difuso que afectan a múltiples jurisdicciones, la coordinación de estrategias procesales en casos de litigio estructural ambiental, el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la representación de intereses colectivos ambientales, la unificación de criterios para la legitimación activa en casos ambientales colectivos, y el desarrollo de mecanismos más eficientes para la ejecución de sentencias en litigios ambientales colectivos.
La adhesión de organizaciones como la Federación Argentina de la Magistratura, AFFUN, INECIP y WCS Argentina sugiere también un enfoque multidisciplinario que podría enriquecer las estrategias de litigación colectiva, incorporando perspectivas académicas, judiciales y de conservación.
La creación de esta Red se funda en principios clave del derecho ambiental y procesal colectivo, entre los cuales se destacan el derecho de acceso a la justicia ambiental, la tutela judicial efectiva mediante la coordinación entre fiscalías, los principios precautorio y preventivo, y la participación ciudadana.
La Red refleja un innovador enfoque pragmático, basado en la colaboración interprovincial para mejorar la eficacia en la defensa judicial colectiva del ambiente, lo cual podrá permitir el desarrollo de protocolos comunes para la investigación y litigación de casos ambientales colectivos, el establecimiento de mecanismos de consulta y coordinación entre fiscalías para casos que afecten a múltiples jurisdicciones y la creación de bases de datos compartidas sobre jurisprudencia ambiental y estrategias procesales efectivas en litigios colectivos.
La principal conclusión y motor de la iniciativa es la necesidad de una acción coordinada para enfrentar los desafíos de la litigación ambiental colectiva. La solidez de esta conclusión se evidencia en el amplio consenso entre las fiscalías provinciales y las organizaciones adherentes.
La iniciativa configura un punto de inflexión en la defensa judicial colectiva del ambiente en Argentina, porque representa un reconocimiento de la naturaleza compleja e interjurisdiccional de los conflictos ambientales y un serio compromiso para abordarlos de manera más efectiva y coordinada.
Texto completo de creación de la Red y su primera declaración acá.
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