Un grupo de organizaciones de la sociedad civil integrado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil- ELA, la Asociación Civil Ni Una Menos, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Fundación Mujeres por Mujeres, promovió una acción colectiva declarativa de certeza contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Justicia de la Nación.
El caso se propone en defensa de un colectivo «conformado por las niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional que se encuentren actual y potencialmente afectadas por la violencia de género, en estado de múltiple vulnerabilidad. En primer lugar, por ser víctimas o potenciales víctimas de violencia de género, y en particular, para aquellas que puedan carecer de suficientes recursos socio-económicos y/o información y acompañamiento adecuado para reclamar justicia frente a la vulneración de sus derechos.
Si bien las encuestas a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja actuales o pasadas impacta en todas las clases sociales, son las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad las que no solo tienen mayor prevalencia sino que además encuentran mayores obstáculos para denunciar o recurrir a espacios de atención, asesoramiento y acompañamiento frente a la violencia y por lo tanto más necesitan de las políticas públicas implementadas con alcance federal para facilitar ese acceso».
El objeto principal de la demanda es:
«Obtener una sentencia que ordene al PEN y al Ministerio de Justicia de la Nación cesar con el estado de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que tienen con las niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional, víctimas y potenciales víctimas de violencias basadas en género en estado de múltiple vulnerabilidad, y que vuelva a fijar dicha relación en los términos de la Leyes Nacionales 26.485, 27.499 y 27.210».
También se requiere una medida cautelar de no innovar:
«Que ordene al PEN y Ministerio de Justicia se abstengan de reducir los recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia y de realizar otras medidas de reorganización–como la reasignación de recursos físicos y humanos a otros fines–, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos. Ello hasta tanto el Estado Nacional asegure y de certezas respecto a cómo va a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de las leyes de manera progresiva, evitando regresiones en materia de derechos.
La causa común de afectación que se invoca para sostener las pretensiones colectivas es la siguiente:
«La incertidumbre sobre la constitucionalidad de la disolución del órgano rector de la Ley 26.485 y, consecuentemente, la potencial ausencia de políticas públicas adecuadas, suficientes y oportunas contra la violencia de género. Asimismo, rige también incertidumbre en relación a la continuidad de políticas en el marco de otras leyes de las cuales la Subsecretaría es también el órgano rector: la Ley 27.499 “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública y la Ley 27.210 que crea el Cuerpo de abogados y abogadas para personas en Situación de violencia por motivos de género, trasladado a la órbita del ex MMGyD mediante Decreto 744/2021.46
A ello se suma la incertidumbre generada por la discontinuación y/o reformulación de otras políticas que, aunque cuentan con un alcance más amplio, cumplen también con un rol fundamental en la atención de niñas, adolescentes y mujeres y en particular brindando atención en relación con las violencias, como los Centros de Acceso a la Justicia y los Centros de Referencia, que dotan de alcance federal a las distintas políticas nacionales tal como se mencionará más adelante».
La causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del Dr. Enrique Alonso Regueira.
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