Procesos colectivos en el Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (*BA)

El 5 de agosto fueron anunciadas una serie de iniciativas legislativas por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre ellas, la puesta a discusión de un “Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial” que regula, entre muchas novedades, procesos colectivos.

El texto completo puede descargarse en agendaparticipativa.gba.gob.ar, una plataforma colaborativa donde también pueden participar directamente las personas interesadas en aportar críticas y propuestas concretas para mejorar la iniciativa.

Sobre el tema, los fundamentos expresan lo siguiente:

4. Procesos colectivos

Los procesos colectivos son una herramienta relativamente nueva en el derecho provincial. Por su intermedio, ciertos actores sociales (algunos organismos públicos, organizaciones intermedias y personas humanas) pueden actuar en sede judicial en beneficio de grandes grupos de personas que comparten similar situación de hecho o de derecho y que, por tal motivo, cuentan con pretensiones homogéneas ante quien los pone en situación de riesgo o ha provocado un daño.

Si bien es posible encontrar antecedentes embrionarios sobre este tipo de proceso en Inglaterra, su origen suele identificarse –al menos con la silueta con la que ahora los conocemos- en el derecho federal estadounidense bajo el nombre de class actions (acciones de clase). Actualmente, el tema exige una atención urgente y preferencial desde la perspectiva regulatoria. Especialmente por las consecuencias que la promoción de procesos colectivos puede generar en el balance económico-financiero de empresas y al hecho de que, por medio de estas acciones, se puede lograr un relevante control de políticas públicas implementadas mediante leyes y actos administrativos por parte de distintas autoridades de gobierno.

Algunas de las dudas que surgieron en la materia después de la Constitución Nacional de 1994 fueron despejadas por la CSJN al resolver el caso “Halabi” (Fallos 332:111). Allí se definieron los alcances del término “derechos de incidencia colectiva” (artículo 43, 2do párrafo de la Constitución Nacional), fueron establecidos requisitos de admisibilidad para este tipo de procesos, y también se determinó la necesidad de respetar ciertas pautas de trámite que resultan fundamentales para proteger el debido proceso de las personas que integran el grupo, ausentes en el debate.

Asimismo, en esa ocasión, la CSJN exhortó al Congreso de la Nación a dictar una ley en la materia, exhortación reiterada posteriormente en otras sentencias dictadas por el mismo tribunal. Hasta la fecha no ha sido sancionada una ley de procesos colectivos a nivel nacional. Las únicas leyes que contemplan algunas previsiones procesales colectivas aisladas, y que solo aplican a ese campo del derecho, son la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente, 2002) y la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor, 1993, modificada profundamente por su similar la 26.361 en el año 2008).

La tramitación colectiva de ciertos conflictos, y su regulación precisa, tiene numerosas ventajas, entre las que se encuentran:

(i) Lograr una mayor eficiencia en el sistema de administración de justicia mediante el juzgamiento concentrado de numerosos reclamos similares, lo que evita malgastar recursos para discutir reiteradamente las mismas cuestiones.

(ii) Permitir el acceso a la justicia de conflictos que de otro modo quedarían fuera del sistema debido al excesivo costo que implica litigar para solucionarlos y a la escasa cuantía de los reclamos cuando se los considera individualmente, o bien de otras barreras de acceso que se explican por condiciones de subordinación material y cultural.

(iii) Servir como instrumento de prevención y desaliento de conductas ilícitas colectivas mediante su efectiva corrección; conductas que de no ser por este tipo de procesos se perpetuarían en el tiempo sin sanciones concretas.

(iv) Permitir que el sistema de administración de justicia acuerde soluciones igualitarias a grandes números de personas que se encuentran en una posición homogénea entre ellas y frente a la parte demandada.

En este contexto, es necesario también considerar que al resolver “Halabi” la CSJN sostuvo que las y los legitimados colectivos pueden promover acciones “con análogas características y efectos” a las del sistema federal estadounidense. De allí que los requisitos de admisibilidad y las pautas de trámite establecidas en dicho precedente fueron tomadas, casi al pie de la letra, de la Regla Federal de Procedimiento Civil 23 de los Estados Unidos de América.

La situación en la Provincia de Buenos Aires no difiere demasiado de lo que ocurre a nivel nacional. En efecto, las primeras leyes sancionadas por la Legislatura con previsiones procesales colectivas aisladas y asistemáticas, al igual que en el orden nacional, fueron la Ley 11.723 (Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 1995) y la Ley 13.133 (Código Provincial de implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, 2003).

La única ley que intentó receptar, al menos en parte, la doctrina “Halabi”, fue la Ley 14.192 por la cual se modificó su similar 13.928 que regula la acción de amparo en nuestra jurisdicción. A través de esa modificación se admitió la dimensión colectiva de los conflictos y se establecieron diversas pautas de admisibilidad y trámite al respecto (ver artículos 4, 7, 8, 15, 19 y 21 de la Ley 13.928, texto según Ley 14.192).

Tomando marco general las premisas anteriormente comentadas, y siguiendo la línea del Proyecto de Código General del Proceso de la Provincia de Chubut, el Anteproyecto se hace cargo plenamente de la dimensión colectiva de los conflictos y regula, en forma completa y sistémica, todas las cuestiones procesales que exige este mecanismo de enjuiciamiento para ser eficaz y proteger, al mismo tiempo, el debido proceso de las personas que integran el grupo y están ausentes en el debate.

En cuanto a la regulación concreta, el Anteproyecto no se limita a un capítulo o sección específica para los procesos colectivos sino que, al regular cada uno de los institutos que requerían una previsión diferenciada, se proyectaron normas específicas.

Así sucede para la representación, la intervención de terceras personas, las notificaciones, la acumulación de procesos, los acuerdos, la sentencia y su ejecución.

Los procesos colectivos surcan, entonces, todo el Anteproyecto y encuentran una regulación orgánica y completa.

Existen, no obstante, aspectos específicos que requerían una regulación puntual: el control de la representación adecuada del grupo y la ejecución de las sentencias colectivas.

Uno de los grandes interrogantes y problemas de los procesos colectivos se vincula con la representación adecuada. Dicho de otro modo: ¿Quién o quiénes están en condiciones de representar a aquellas y aquellos que no forman parte del proceso? Para resolver este problema el Anteproyecto establece una serie de requisitos para delimitar la representación adecuada, que debe ser controlada por la jueza o juez, no solo al comienzo sino durante todo el proceso e incluye también a las abogadas o abogados que asuman la dirección técnica del proceso.

Al cumplir este control la jueza o juez tendrá en cuenta, entre otros factores, (i) los antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de derechos de incidencia colectiva, (ii) la actuación y el conocimiento acerca de la materia sobre la que trata el proceso, (iii) la coincidencia entre los intereses de las personas integrantes del grupo y el objeto de la demanda, (iv) la existencia o inexistencia de conflictos de interés y (v) la antigüedad de la persona jurídica y su representatividad.


Se presume, en cualquier caso, la representatividad adecuada del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, en los procesos colectivos en los que se traten conflictos de consumo o medio ambiente, la parte actora gozará de acceso a justicia gratuita automático que será equiparable al acceso a litigar sin gastos cuando el grupo se conforme exclusivamente por personas en situación de vulnerabilidad o el caso involucre derechos vinculados con la prestación de servicios públicos, salvo que la parte demandada sea una pequeña o mediana empresa o una cooperativa”.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s