Condenan al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a reintegrar la comisión por mantenimiento de cuenta de caja de ahorros desde el año 1996: Las pretensiones colectivas de nulidad y reintegro no pueden escindirse para analizar la legitimación (*CBA)

En fecha 13 de noviembre de 2018 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA dictó sentencia en “PADEC c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Otras demandas contra la autoridad administrativa” (Expte. N° 19281/2006-0), condenando a la entidad financiera demandada “a efectuar el reintegro de las sumas cobradas en virtud del cargo por mantenimiento de cuenta de cajas de ahorro, de conformidad con los parámetros establecidos en el considerando 12 de la presente”. En dicho considerando 12 se establece que la devolución deberá realizarse “a partir los diez años anteriores a la fecha de interposición de la demanda, es decir, desde el 06/02/1996”.

Para resolver de este modo, la Cámara en primer lugar se refirió a la legitimación activa de la asociación actora porque, insólitamente, “el juez de primera instancia consideró que PADEC se encontraba legitimada para pedir la nulidad del cargo por mantenimiento de caja de ahorro, pero no para solicitar el reintegro a los usuarios, lo cual fue motivo de apelación por ambas partes en defensa de sus propios intereses”.

Este criterio fue revocado, considerando para ello que “la acción intentada no busca el otorgamiento de un resarcimiento en virtud de los daños sufridos, sino meramente el reintegro de los cargos debitados que fueron –conforme alega la actora– ilegítimamente percibidos. En esta línea, toca recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció legitimación procesal a otra asociación civil en una causa en la que se solicitaba la devolución de lo percibido por diversos conceptos a todos los usuarios de cuenta corriente. Allí, luego de encontrar acreditados los recaudos sentados en el precedente “Halabi”, afirmó que “la pretensión de la actora está concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase de los sujetos afectados, en tanto se ha puesto en cuestión la procedencia del cobro de los cargos y de una tasa considerada abusiva, aspecto para cuya resolución las cualidades individuales, capacidad financiera o profesionalidad de cada uno de los clientes de la entidad no se advierten como relevantes. Por lo demás, los fundamentos jurídicos de la pretensión resultan uniformes respecto de la totalidad del colectivo que se pretende representar” y agregó que “de no reconocer legitimación procesal a la actora, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia, pues no parece justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda. Ello es así puesto que la escasa significación económica de las sumas disputadas, individualmente consideradas, permite suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable” (Fallos: 337:753)”.

Sobre estas premisas la sentencia concluyó señalando lo siguiente:

“Corresponde dejar asentado que en el caso de autos no puede escindirse la acción de nulidad de la del reintegro. En suma, la legitimación de la actora para accionar en defensa de intereses colectivos homogéneos, que en este caso representa el cobro del cargo de mantenimiento de cuenta de caja de ahorro, tiene que analizarse como una unidad”.

En cuanto al tema de fondo, el tribunal siguió la línea establecida por la CSJN  en el precedente “Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ BankBoston N.A. s/ sumarísimo”, sentencia del 14/03/2017, Fallos: 340:172 (disponible acá).

Allí se sostuvo entre otras cosas que “la eventual existencia en los contratos de caja de ahorro, de cláusulas que impongan costos de mantenimiento de cuenta que por su valor, puedan consumir no solo la tasa de interés que ofrece la entidad, sino también el capital depositado por el ahorrista, provoca la desnaturalización de la economía del contrato, desvirtúa la finalidad para el cual aquel ha sido concebido y afecta la capacidad de ahorro de los ciudadanos de indudable interés general”.

Las costas fueron impuestas a la demandada vencida.

Sentencia completa disponible acá.

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